Escudo de las americas

Seis meses después de Doral, el hemisferio ya tiene arquitectura de seguridad permanente y Colombia acaba de entrar.

SEGURIDAD Y LATINOAMERICA

Nicolás Pulgarín

8/17/20266 min read

El 5 de agosto, el Comando Sur de Estados Unidos anunció algo que no era una simple prórroga operativa: la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, al mando del general Kevin Jarrard, como sucesor formal de la Operación Lanza del Sur. Lo que en enero era una campaña de interdicción contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico se convirtió, en cuestión de meses, en una estructura de mando permanente que integra inteligencia, vigilancia, reconocimiento y coordinación multinacional para toda la región.

Dos días después, el 7 de agosto, esa arquitectura dejó de ser un asunto ajeno para Colombia. Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente en Cali y, en su discurso inaugural, anunció que uno de sus primeros actos de gobierno sería suscribir el Escudo de las Américas. Al día siguiente llegó la respuesta de Washington: un paquete de seguridad superior a los 1.000 millones de dólares para Colombia, la cifra más alta desde el arranque del Plan Colombia en el año 2000.

Vale la pena reconstruir la cronología completa, porque ahí está lo que de verdad importa: no el anuncio puntual, sino la velocidad con la que el hemisferio adquirió una arquitectura de seguridad nueva en apenas cinco meses, y la rapidez con la que Colombia decidió entrar en ella.

De Doral a la fuerza conjunta

El 7 de marzo de 2026, en una cumbre en Doral, Florida, el gobierno de Donald Trump lanzó el Escudo de las Américas (Shield of the Americas) con doce países fundadores. El objetivo declarado era coordinar capacidades militares y de inteligencia entre los estados miembros para desmantelar cárteles y redes criminales transnacionales. Para julio la coalición ya sumaba trece países, que emitieron una declaración conjunta sobre el proceso electoral colombiano; para agosto la cifra había llegado a dieciocho, con la incorporación de Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú.

El 4 y 5 de agosto esa coalición política se convirtió en estructura de mando. Southcom describió la nueva sede como el mecanismo para aumentar la presión sobre las organizaciones que operan en el hemisferio, integrando capacidades que antes funcionaban de forma dispersa entre distintos componentes militares.

Lo que cambia realmente

Hay una diferencia de fondo entre una operación de interdicción con fecha de origen y objetivos tácticos, y un grupo de trabajo conjunto diseñado para permanecer. La primera responde a una amenaza puntual; la segunda es infraestructura. Esa distinción no es semántica: cambia el tipo de compromiso presupuestal, institucional y político que adquieren los países miembros.

El costo, de hecho, ya está sobre la mesa. Analistas del Center for Strategic and International Studies han estimado que sostener la actividad militar en el Caribe cuesta cerca de 31 millones de dólares diarios. Esa cifra convierte la pregunta estratégica en una pregunta también fiscal: ¿cuánto tiempo aguanta una arquitectura de este tamaño, y quién asume el costo cuando la coalición pasa de trece a dieciocho socios con capacidades muy desiguales entre sí?

La academia, mientras tanto, ya está poniéndole nombre al fenómeno. Dos artículos publicados este año en Small Wars & Insurgencies revista de referencia en estudios de guerra irregular ayudan a entender el momento. Uno de enero sitúa la política del hemisferio bajo la segunda administración Trump dentro de la lógica de "zona gris": decisiones que no siguen relaciones bilaterales tradicionales sino objetivos transaccionales específicos, difíciles de anticipar porque no responden a una doctrina fija. Otro, de febrero, documenta cómo la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y la expansión de autoridades de acción encubierta reconfiguran algo más profundo: cómo entiende Washington la guerra irregular en la región, ya no como cooperación antinarcóticos convencional, sino como una mezcla de lo militar, lo legal y lo clandestino.

Colombia, en tiempo real

Esto dejó de ser una posibilidad lejana. El 7 de agosto, desde el Batallón Pichincha en Cali, el presidente Abelardo De la Espriella fue explícito: su gobierno impulsaría una estrecha articulación internacional en materia de inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales, y uno de sus primeros actos sería suscribir el Escudo de las Américas. Menos de veinticuatro horas después, el Departamento de Estado confirmó lo que suele venir después de un gesto de ese tipo: un paquete de seguridad de más de 1.000 millones de dólares, comparable en magnitud al arranque del Plan Colombia en 2000, cuando el paquete inicial rondó los 1.300 millones.

El anuncio, que todavía requiere aprobación del Congreso estadounidense, no es solo dinero. El propio Departamento de Estado fue explícito sobre las condiciones: despliegue de tecnología estadounidense, optimización del gasto en defensa colombiano hacia estándares de interoperabilidad, y ejecución de operaciones coordinadas con las fuerzas de EE. UU. A eso se suma un componente económico un nuevo Diálogo Bilateral de Prosperidad centrado en minerales críticos, energía e infraestructura portuaria orientada al nearshoring, que conecta la cooperación en seguridad con una agenda de inversión más amplia.

Es la misma lógica descrita antes, aplicada ahora al país con la experiencia más larga de guerra irregular interna del continente: acceso a recursos y tecnología a cambio de alinear el diseño de la política de seguridad con estándares definidos desde el Comando Sur. La diferencia frente a 2000 es de arquitectura, no solo de contexto. El Plan Colombia nació dentro de una relación bilateral tradicional; el Escudo de las Américas nace dentro de una coalición de dieciocho países con mando centralizado en Southcom. Eso cambia quién tiene la última palabra cuando las prioridades de Bogotá y las de la coalición no coincidan.

Qué vamos a vigilar

Ni el entusiasmo ni el rechazo automáticos son una posición analítica seria. Lo que corresponde ahora es seguir de cerca varias cosas concretas en lo que resta del trimestre. Si el Grupo de Trabajo Conjunto logra traducir su arquitectura institucional en resultados de interdicción verificables, o si termina siendo más aparato que efecto. ¿Cómo se resuelve la tensión entre la lógica de presión sostenida que reclama Southcom y los estándares de derechos humanos y debido proceso frente a operaciones letales contra embarcaciones? Si el paquete de 1.000 millones para Colombia sobrevive intacto el trámite en el Congreso de EE. EE. UU. o se recorta en el camino, como ha ocurrido con otros paquetes de ayuda en el pasado. Y si el ingreso de Colombia y Perú diversifica de verdad el diseño de la coalición, o simplemente amplía su cobertura geográfica sin tocar una arquitectura de decisión que sigue siendo unilateral.

En las próximas semanas vamos a profundizar en el componente marítimo de todo esto clave para entender el Caribe como tablero estratégico y en lo que la doctrina de guerra irregular estadounidense sí puede enseñarle a una región con décadas de experiencia propia en el tema, y en lo que definitivamente no.

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